"Las ciudades y su gente"
Por; Luz Elena Picos
Antes de que llegaran enormes cantidades de migrantes o desplazados, Baja California ya tenía que afrontar problemas sociales, por la pobreza de muchas personas. Esa situación propició que el voluntariado surgiera, primero con cierto titubeo ante el temor de que el sector gubernamental lo tomara a mal. Escuchamos a un alcalde decir que “el poder no se comparte”. Inicialmente así vio a los antiguos Organismos No Gubernamentales, hoy De la Sociedad Civil.
Pronto se dieron cuenta que el voluntariado llegó para servir, colaborar en las soluciones, no a traer problemas, salvo excepciones. Porque como en todo grupo humano hay quienes llegan para servirse… aprovecharse, pero son minoría. Muchas de las actuales autoridades de Baja California creen que la historia de nuestro querido estado, se inicia con ellas. Piensan que son los constructores de la sociedad. Si consultaran, por citar ejemplos, las leyes locales que existen y lo que mandatan, se acalambrarían.
A propósito de lo libremente asumido como compromiso de los Organismos de la Sociedad Civil (OSC), existe la Ley de Asistencia Social publicada en el 2002 y reformada por Decreto del gobernador Eugenio Elorduy Walther el 25 de octubre del 2005 en la que se ordena realizar acciones (Art. 2 )
“…para modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral de la familia, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva”. Esto último quizá no sea posible por el deterioro físico de las personas, pero siempre habrá forma de mejorar con terapias adecuadas y ayudas en general.
Si eso se cumpliera (sin mencionar los XV incisos sólo de ese artículo) por parte de los distintos gobiernos, no habría necesidad de que el Tercer Sector abriera centros privados de ayuda y servicios. Generalmente sin costo o con una cuota mínima o simbólica. Por eso había compromiso de los tres niveles de gobierno por apoyar económicamente a esas instituciones. No para subsidiarlas totalmente, pero sí patrocinando un proyecto al año, que podría ser renovar camas, colchones de los albergues o dar mantenimiento a las instalaciones.
Pero todo eso se acabó porque las nuevas autoridades prefieren entregar dinero en mano a jóvenes o adultos, que no siempre es invertido para mejorar su calidad de vida. Y a la hora de rendir cuentas, a los OSC se les pide notas, facturas, fotos, comprobantes de cada peso, para informar a la SHCP. En el caso de los gobiernos, ya se está viendo por las revisiones de la Auditoria Fiscal de la Federación, que hay “muchas inconsistencias”.
Aún con estos problemas económicos aumentados por la Pandemia del COVID, los asilos de ancianos, orfelinatos, albergues para personas adictas o con algún tipo de discapacidad, entre muchos otros rubros, seguirán cumpliendo su misión. En esas áreas no se ha sabido que hayan cerrado sus puertas o dejado de dar sus servicios terapéuticos. Aun así, la ayuda gubernamental del estado y municipios, deberá llegar pronto. Solo se aspira a los beneficios que se tenían hasta antes del 2018.
La historia de los resultados ahí está documentada, por eso tienen el derecho los Organismos de la Sociedad Civil, de exigir la recuperación lo que con esfuerzo y trabajo habían logrado.*
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